La juez Irina Margarita Díaz, del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Andrés, falló a favor de una tutela que buscaba dejar sin efecto la Resolución No. 1972 del 5 de septiembre expedida por la Autoridad de Acuicultura y Pesca. Esta resolución modificaba el artículo 20 de la Resolución No. 1485 de 2022, en el que se establecía que Junta Departamental de Pesca del departamento tenía discrecionalidad para solicitar la tarjeta de residencia temporal o definitiva a quienes querían dedicarse a estas actividades.
La nueva resolución contemplaba que la Junta Departamental debía exigir la tarjeta de residencia defi nitiva expedida por la Ofi cina de Control del Departamento de San Andrés para poder pescar. Por su parte, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, manifestó que “el Presidente nos pidió trabajar de la mano de la comunidad raizal de San Andrés para recuperar la soberanía en las islas. Esta decisión de Autoridad de Pesca da respuesta a un clamor muy sentido de pescadores”.
Nueve días después de expedida la resolución, once personas presentaron una tutela en contra de la resolución de la Autoridad de Pesca, pues consideraban que se debía haber realizado una consulta previa. Además, señalaron que sus derechos al debido proceso y seguridad alimentaria estaban siendo vulnerados.
En la decisión emitida por la jueza Díaz el 27 de septiembre, se señala que la resolución 1972 de 2023 “impacta indiscutiblemente en la comunidad étnica de las islas que subsisten de esta actividad pesquera, en tanto que sea que tal decisión imponga restricciones o conceda beneficios, es indispensable que ante una afectación directa, deberá agotarse el trámite de consulta previa en virtud de garantizar el debido proceso de lo actuado”.
Por tal razón, la jueza declaró procedente la tutela y dejó sin efecto la resolución de la Autoridad de Pesca. Adicionalmente, exhortó a la Autoridad “para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en esta conculcación de derechos”.