La Procuradora General ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, por las presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal.
Procuraduría advierte que la licitación para expedición de pasaportes no puede estar suspendida indefinidamente; pide reanudar el proceso. De igual forma, la Entidad advirtió que, posiblemente, Leyva Durán y Salazar Ramírez pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.
La Procuraduría había lanzado un mensaje de advertencia y pedido explicaciones, cuando se dio la primera suspensión. En ese momento, el ente de control le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que explique el fundamento de la decisión de suspender la licitación y los traumatismos que se están ocasionado en la prestación del servicio.
Y es que el asunto resulta preocupante, no solo expedir los pasaportes se ha convertido en una odisea para los ciudadanos que no consiguen las citas o no los entregan a tiempo, ahora parece estar en el limbo la continuidad en el trámite de estos documentos necesarios para salir del país.
El pasado 13 de septiembre, el canciller Leyva anunció a través de una audiencia que se llevó a cabo en las últimas horas que el proceso licitatorio de los pasaportes en el país quedó desierto, luego de señalar que ninguno de los oferentes cumpliera los requisitos para llevar a cabo el contrato.
Se trata de una licitación por $ 559.000 millones en el que se creía hace unos meses que sería para Thomas Greg & Sons, la empresa que por años viene realizando este documento.