El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es la nueva cruzada del Gobierno nacional. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está convencido de que ese mecanismo no debería existir y ya están revisando cómo se resuelve el vacío que quedaría con su eliminación por medio de la polémica reforma a la salud que está en trámite en el Congreso.
El problema es que, si bien hay un cúmulo de problemas en el Seguro Obligatorio que hasta las mismas aseguradoras reconocen, si se elimina ese seguro no se sabría quién quedaría a cargo de inyectarle al sistema de salud esos cerca de 1,8 billones de pesos que para 2022 le entraron al sistema para cubrir los gastos de los pacientes que llegaron al médico necesitando atención tras un accidente de tránsito.
La cuestión es que este seguro paso a convertirse en un problema entre las aseguradoras, la entidad del Estado que termina cubriendo los gastos médicos cuando no hay Seguro Obligatorio de por medio, las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud y el propio Gobierno, que está planteando eliminar el seguro que lleva operando durante 37 años.
El ministro Jaramillo asegura que hay casos de accidentes fantasma que se usan solo para cubrir los recursos del seguro, alega que en las ciudades intermedias se presenta una pelea de ambulancias para cubrir los accidentes porque los proveedores saben que esa atención sería bien paga y hasta dice que hay preferencias para llevar a los pacientes a determinadas clínicas privadas. Su denuncia va más allá: desde el ministerio afirman que estas terminan trasladando a los enfermos a las instituciones públicas cuando se acaban los fondos que abarca el Seguro Obligatorio.
Las atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito crecieron 5,7 por ciento y para el primer semestre de este año fueron atendidas 613.329 personas. Entraron menos recursos por el descuento anunciado por el Gobierno y se tuvieron que atender más accidentes.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud es la que pone la plata para atender a los siniestrados cuando no hay Soat. El año pasado tuvo que pagar 1,1 billones de pesos por atenciones a pacientes que fueron afectados por aparatos sin cobertura de ese seguro.