El presidente Petro anunció la próxima presentación de una reforma a la justicia ante el Congreso de la República.
Dijo que “el Gobierno creará una comisión para la reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de la justicia con el fin de redactar la reforma que se presentará al Congreso de la República”.
Anunció que el proyecto “debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia, la cercanía a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción”.
Cabe destacar que, el anuncio del mandatario estaba constituido por un extenso texto en el que dio su argumento sobre la decisión de dar inició con proyecto, y es que este se apoya en dos fundamentos clave: el primero de ellos es la sentencia emitida por la Corte Constitucional, la cual ordena la reforma de la Procuraduría; el segundo motivo está relacionado con la entre el fiscal y el caso Odebrecht.
“Esa relación incestuosa entre el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el Grupo Aval impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy son altos dirigentes políticos”.
El mandatario les solicitó a los partidos políticos “devolver los dineros donados por el grupo económico que ha confesado el otorgamiento de sobornos”, y agregó que, “es importante que los partidos políticos examinen cuáles de sus altos dirigentes participaron tanto en los actos administrativos que ampliaron la Ruta del Sol II como en la Fiscalía que los encubrió y tomen las medidas que la decencia determina”.
“Este Gobierno desea blindar de hechos de corrupción judicial la Fiscalía General de la Nación en el futuro”.
Otro punto para de la reforma: “Tanto la sentencia de la Corte Constitucional que ordena reformar la procuraduría de acuerdo a la ‘Convención Americana sobre los DDHH’, como el hecho de que el principal grupo económico del país haya confesado ante la justicia extranjera estar incurso en la red de corrupción y sobornos a políticos y funcionarios del Estado son causa suficiente para presentar una reforma a la justicia, que debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia.