El decreto que materializó la propuesta del presidente Petro de darles a 100.000 jóvenes un millón de pesos mensuales para que no salgan a matar levanta polémica. El Gobierno hizo público el documento, en el cual deja claro cuáles serán los requisitos para acceder a dicha medida.
El documento busca “la implementación de una ruta de atención a los jóvenes entre los 14 y 28 años de edad que se encuentren en situación de pobreza, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por el conflicto armado”.
El gobierno Petro destina la medida también a niños, visto como potenciales sujetos a ser coptados por grupos armados, y comienza con la misma edad en que existe en el país la responsabilidad penal.
El decreto explica cómo se llevará a cabo el programa por el Departamento Nacional de Planeación, que se ocupará de diseñar la metodología de focalización territorial, e individual de los potenciales beneficiarios del programa; el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social estará a cargo del componente de transferencias monetarias; el sector Comercio, Trabajo, Inclusión Social e Igualdad y Equidad, concurrirán con la oferta necesaria para el fomento del emprendimiento; el sector Trabajo y Educación, garantizarán el acceso, permanencia y graduación de jóvenes benefi ciarios del programa; y el Ministerio de Igualdad y Equidad realizará la articulación, coordinación y complementariedad de acciones que permitan superar la vulneración de derechos en la que se encuentren los jóvenes benefi ciarios del programa.
Argumenta que el objetivo de la política criminal del país no es solamente castigar al agresor de la ley, sino hacer todo lo posible por prevenir los delitos.
El Gobierno es claro en cómo elegirá a los beneficiarios de esta renta. Se tratará de jóvenes en condición de extrema pobreza, jóvenes rurales, en explotación sexual, vinculados o con riesgo de vincularse en dinámicas de criminalidad, en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que han sido históricamente marginados y excluidos.
Para esto, es claro en que deben cumplir cinco requisitos:
1. Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios
2. Tener residencia habitual en zonas rurales.
3. Ser, haber sido o tener riesgo de ser víctima de explotación sexual.
4. Estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.
5. Estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.