La Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de entidad encargada de preservar la libre competencia en el país, anunció la apertura de una investigación contra tres empresas, señaladas de estar involucradas en presuntas irregularidades en procesos de contratación llevados a cabo con la Agencia de Infraestructura. Estas acciones legales han sido tomadas como parte de los esfuerzos para garantizar la transparencia y la equidad en las relaciones comerciales en el ámbito nacional.
En concreto, la Superindustria ha formulado un pliego de cargos contra Juan Diego Arenas de la Hoz, quien, se presume, es el controlante de Arenas De la Hoz Ingeniería, Consultoría Bogotana y Consultores Dónovan. Asimismo, Gerardo García Londoño, supuesto controlante de Gerencia Interventoría y Consultoría y Empresa de Servicios de Consultoría, también está bajo la mirada de la entidad.
De acuerdo con los señalamientos de la SuperIndustria, estas empresas habrían presentado propuestas a través de cuatro consorcios en el marco del Concurso de Méritos organizado por la Agencia de Infraestructura, el cual tenía como finalidad adjudicar la interventoría integral del contrato de la concesión Briceño- Tunja-Sogamoso, un proyecto valioso con un valor de $ 5.730.517.858.
El objetivo de la investigación es esclarecer si las empresas involucradas habrían simulado ser competidoras independientes, cuando en realidad habrían colaborado de manera coordinada para aumentar sus posibilidades de ser adjudicatarias en beneficio de sus respectivos controlantes.
“Estos trabajos fueron adelantados por el Grupo Élite contra Colusiones de la Super, fue determinar si las empresas habrían aparentado ser competidoras, aunque en realidad habrían actuado de manera coordinada para aumentar las probabilidades de resultar adjudicatarias en favor de su respectivo controlante. Estos comportamientos afectarían la dinámica de competencia en el proceso de contratación adelantado por la Agencia de Infraestructura, perjudicando los objetivos fundamentales de la contratación estatal, lo cual repercute en el interés general de la población”, dijo la SuperIndustria.
Estas presuntas acciones contrarias a la competencia podrían haber afectado el desarrollo del proceso de contratación liderado por la Agencia de Infraestructura, lo que, a su vez, podría haber tenido un impacto negativo en los objetivos generales de los contratos estatales y, por ende, en el bienestar de la sociedad en general.