Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron, en segundo debate, el proyecto de ley que decreta el Presupuesto General de la Nación 2024, cuyo monto asciende a $502,6 billones, cifra 18,9% superior al Presupuesto del 2023 que fue de $422,8 billones. El texto avalado pasa ahora a sanción presidencial.
El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, destacó que estos recursos permitirán impulsar una reactivación productiva encaminada a reducir el desempleo, la inflación, la pobreza y la desigualdad y regional. El presupuesto aprobado es el resultado de la revisión de recursos ciertos para ejecutar gastos ciertos. El Presupuesto para el 2024 es consistente con el cumplimiento de la regla fiscal, según señaló el ministro.
La reforma tributaria 2022 y la lucha contra la evasión ayudarán a sustituir crédito por ingresos corrientes en favor de la sostenibilidad fiscal. Los ingresos corrientes se estiman en $317,4 billones; como porcentaje del PIB aumentan de 17,8% en 2023 a 18,7% en 2024. Por su parte, los desembolsos de crédito llegarían a $73,7 billones.
La estrategia de financiación para 2024 tiene previsto robustecer el recaudo tributario con altos estándares de equidad, y elevar la calidad y eficiencia del gasto público, propósitos en los cuales se está trabajando con fundamento en la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social según la Ley 2277 de 2022; y una estrategia para el uso eficiente de los recursos públicos, contenida en las Bases del Plan de Desarrollo vigente, que, de acuerdo con el artículo segundo de la Ley 2294 de 2023, forma parte integral de dicho plan.
Los esfuerzos para mejorar la calidad y eficiencia del gasto se centrarán en: priorizar proyectos estratégicos intersectoriales susceptibles de ser financiados mediante concurrencia de fuentes provenientes de otros ingresos territoriales; corregir errores en la asignación de los subsidios; buscar la convergencia de la inversión pública y la inversión privada alrededor de las transformaciones socioeconómicas mediante una adecuada alineación de la gestión pública con los incentivos privados; y mejorar el diseño y la ejecución de los proyectos estratégicos, la lucha contra la corrupción y la adecuada organización administrativa del aparato estatal.